La mal llamada justicia

Que en este país cada persona y cada institución va por su lado ya lo sabíamos. La legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional ha sido tan solo otra muestra: mientras el Supremo impidió que la formación se inscribiera como partido legal por considerarla amenazadora para la democracia, ahora el Constitucional opina lo contrario.

Era de esperar: los que permitieron a Bildu presentarse a las elecciones generales y vascas son los que ahora han hecho lo mismo con Sortu. No iban a contradecirse, que aquí rectificar no es de sabios, sino que está mal visto. Y es más: la ponente que firma la sentencia es Elisa Pérez Vera, casualmente la misma que elaboró la del Estatut de Cataluña. Una experta en sentencias sobre temas peliagudos, al parecer. Viendo todo esto y lo anterior, el resultado estaba cantado.

Se sabe de sobra que tanto Sortu como Bildu están compuestos por gente relacionada en mayor o menor medida con ETA y su entorno batasuno. La banda terrorista, si bien vive tiempos bajos, sigue existiendo y no parece que vayan a anunciar pronto su desarme y disolución. Pero la justicia se ha confiado y ha dejado entrar en las instituciones y recibir dinero público a estos partidos. ¿Qué tiene que pasar para que se les ilegalice? ¿Que ETA vuelva a atentar?

No se trata de suprimir el Constitucional, como pidió Esperanza Aguirre, porque no nos haya gustado esta sentencia: es la (mal llamada) justicia y hay que acatarla, mal que nos pese. Pero desde luego sí que habría que renovar el Tribunal (como luego afirmó también Aguirre), porque estas decisiones (Bildu, Sortu y hasta el Estatut) no las entiende nadie con un mínimo de sentido común. Algo falla en la justicia cuando se permite que los amigos de los asesinos entren a formar parte de las instituciones.

Para rematar la faena, con los tiempos que vivimos en España a muchos esta noticia les habrá pasado inadvertida. Si hasta hace unos años la mayor preocupación de los españoles era el terrorismo, ahora lo son la economía y el paro. Es totalmente comprensible, pero no olviden que las víctimas de ETA siguen ahí y que su daño es irreparable (pónganse en su lugar), y, preocupados como estamos por la economía y los políticos, tampoco olviden que desde ahora los miembros de Bildu y Sortu chuparán del bote que todos pagamos.


(Sígueme en Twitter).

¿Legalización o instrumentalización?

Dejemos las víctimas de lado y hablemos estrictamente de política vasca. Sólo así podremos separar los sentimientos de la fría razón . Porque si algo viene a demostrar la legalización de Sortu el pasado miércoles 20 de junio a manos del Tribunal Constitucional, es que en España teoría y práctica van por caminos distintos.

El camino teórico de esta legalización política del partido vasco formado por abertzales empezó hace casi año y medio cuando dicha formación decidió presentarse a las elecciones. Aunque ellos defendían que en sus estatutos rechazaban la violencia de ETA, el Tribunal Supremo no tardó en pararles los pies. Lo hizo prohibiendo su inscripción como partido político, acusándoles de estar gestionados, tutelados y alentados por la propia organización terrorista. Ahora, tan sólo un año después y con la variabilidad típica de nuestro modelo judicial, el Tribunal Constitucional acaba de decidir revocar la sentencia del Supremo y dar la razón a Sortu. Lo ha hecho por seis votos a favor frente a cinco en contra y argumentando que no existe ningún tipo de “instrumentalización” de la formación por ETA.

Una vez más vemos como en nuestro país, al igual que en nuestra política, las decisiones a largo plazo importan poco. La improvisación manda y la justicia de estado pierde importancia. ¿Cómo podemos mantener un sistema judicial capaz de variar la importancia de los derechos en apenas un año? Porque precisamente lo que la decisión del Constitucional pone en peligro es la “rigidez” de nuestros derechos fundamentales. El artículo 22 de la Constitución Española define el delito de vulneración del derecho de asociación y creación de partidos políticos. Se encuadra dentro del Título I, Capítulo II, Sección I de la Carta Magna junto al resto de derechos fundamentales. Unos derechos que deben estar protegidos por algo más que una simple rabieta de uno u otro tribunal.

Hasta cinco veces se han enfrentado por conflictos similares de legalización de la izquierda vasca el Supremo y el Constitucional. El primero se posiciona al lado de los derechos más individuales referidos a la seguridad ciudadana. El segundo lo hace al lado de la libertad de expresión. Y en medio, una realidad. A día de hoy Sortu sigue defendiendo que condena la violencia de ETA y no comparte sus planteamientos, pero no ha firmado ningún comunicado en el cual solicite el fin armado de la organización y la entrega de su arsenal unida a una solicitud de perdón. Y todo esto en un escenario donde ETA en 2011 dejaba claro que condicionaba su final a la legalización de Sortu.

Porque al final, lo que supone la sentencia del Constitucional se resume en una frase: instrumentalización de ETA a través de la política. Habremos logrado desorganizar a la asociación terrorista, pero no habremos conseguido impedir que esta acceda a la política. Y en un país donde política y víctimas se confunden intencionadamente tan a menudo, eso sólo puede suponer rencores. Los rencores de quienes ven como sus muertos han perdido la batalla de la libertad y pasan a estar representados ahora en los parlamentos por sus asesinos. Los rencores de unas víctimas que se sienten engañadas y utilizadas. Y sobre todo, los rencores de un Tribunal Supremo cansado de perder. Un Supremo que deja de colaborar con el Constitucional y permite la instrumentalización judicial y política.

Decía el escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, que “el hombre sólo será libre cuando tenga la palabra”. Ahora Sortu tiene la palabra y el voto. Sólo esperemos que ese doble instrumento no sirva para hacer más daño a un país alimentado a base de rencores, dentro y fuera del Parlamento.

(Sígueme en Twitter).

Todo por la patria

Si por algo nos caracterizamos los españoles es por ese espíritu patriótico forjado a base de historia y rencores. Un patriotismo que sacamos dentro y fuera del campo de fútbol y que en estos últimos días ha sabido reflotar nuestro Presidente. Mientras el barco se hundía más rápido que el propio “Titanic”, Rajoy intentaba mantener el tipo disfrazándonos de esa gran nación que ha sabido encontrar la ayuda necesaria en la Unión Europea. Y claro, si algo tiene el patriotismo es que suele crear enemigos.

Porque no. No hemos sido ni somos los capitanes en este naufragio. España no ha sido la encargada de pedir nada. Más bien, ha tenido que conformarse con callar y acatar. Nuestra situación causada por una “década de irresponsablidad”, como lo ha definido la auténtica capitana Angela Merkel, nos obliga a dejar que nos rescaten. Podríamos haber sido agradecidos logrando favorecer la confianza en nuestra deuda. Pero nuestro patriotismo, o al menos el de nuestro patrón, ha servido para evitar hacerlo. Y es que el líder de la tripulación española salió a reconocer la evidencia cuando el barco ya tenía más que la popa y el estribor hundido. Lo hizo tarde y vendiendo el rescate (llámenle “línea de crédito” sí así lo prefieren) como una victoria nacional. Y lo hizo además proclamando que este no influiría de ningún modo en el déficit presupuestario español porque no entrañaba condiciones específicas desde Bruselas. Sólo le quedó decir a nuestro Presidente que los reyes se habían anticipado este año.

Y todo esto después de que el resto del gobierno se encargase 24 horas antes de culpar a la agencia de comunicación “Reuters” de mentirosa y conspiratoria. La propia Soraya Saénz afirmaba que la información que la agencia había dado, adelantando que el rescate llegaría al día siguiente, era totalmente falsa. Y para desviar la atención, Grecia como conejllo de indias. Porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y Grecia con sus elecciones podría parecer mucho más vulnerable que España de cara a la opinión pública. La estrategia casi les sale bien. Pero no, el sábado por la tarde se confirmaba la noticia: España estaba rescatada. Bueno, o no. Porque como nuestro patriotismo nos impedía reconocer tal desastre, siempre era mucho mejor dejar que el Ministro De Guindos nos enseñase su amplio repertorio lingüístico basado en los sinónimos absurdos.

Todo sucedía mientras la ciudadanía española seguía una vez más sin entender nada. Algo que sería un problema si al día siguiente no hubiera habido partido de la Eurocopa. Ya saben que con el fútbol todo se olvida. Hasta Rajoy lo olvidó yéndose a Polonia. Un gran sacrificio que nuestros socios europeos entendieron como un simple desprecio más y que los mercados tradujeron en un aumento de desconfianza en España. El lunes, con el partido ya jugado, nuestra prima seguía subiendo y los analistas hablaban de la necesidad de que la Comisión Europea desvelase cuales serían las condiciones para España. Unas condiciones que siguen sin conocerse, pero entre las que se empieza a hablar de un tipo de interés en el bono español que podría llegar al 7% durante los próximos diez años. Un regalo acompañado de unas condiciones fiscales que podrían hacer tocar de nuevo el IVA.

Porque hablar de un rescate no es sólo hablar en positivo. Permitir el rescate supone hipotecar nuestra deuda pública y obligar a la ciudadanía a un esfuerzo extra, privándola de más servicios sociales. Tal y como hadesmentido la agencia de estadística “Eurostat”, hablar de rescate sí supone tocar el déficit presupuestario que Rajoy promete salvaguardar. Y lo más importante: ¿servirá para algo hacerlo? Si con el rescate se pretende refinanciar a las entidades bancarias hundidas, ¿qué seguridad existe de cara a conseguirlo? El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, explicaba esta misma semana que igual la solución pasa por el cierre de las entidades fracasadas y no por su rescate.

Pero dejar caer a entidades como Bankia, rechazando el rescate financiero y conociendo la imposibilidad de que nuestro país pueda hacerse cargo él en soledad, supondría crear una acción en cadena. Primero el resto de cajas en la misma situación cerrarían. Al mismo tiempo los clientes que han depositado sus ahorros (no los especuladores malvados) en ellas, intentarían sacarlos de repente. Finalmente se produciría una especie de “corralito” y legalmente este tipo de prácticas no están permitidas en la U.E porque limitan la libre circulación de capitales, con lo que desde Bruselas se podría imposibilitar la situación. Por todo ello, parece que el rescate es la única medida que ofrece seguridad a los usuarios y al resto de ciudadanos.

Y mientras las condiciones siguen siendo un secreto, el barco español naufraga más profundo que nunca. La prima de riesgo en casi 550 puntos así lo indica. Pero pueden estar tranquilos, siempre nos quedará el patriotismo de la Eurocopa. Eso, al menos, parece por ahora lo más importante.

(Sígueme en Twitter).

Somos como niños

La viñeta de Forges resume a la perfección el panorama actual. Aquí nos han intentado vender el rescate a la banca como un súper préstamo, lo cual ha llevado a la situación que llevamos viviendo años: dentro vemos cómo nos cuentan milongas ("no hay crisis", "no habrá rescate", "no somos Grecia"...), mientras fuera se sorprenden porque saben que la cosa va mal y creen que no lo hemos entendido. Europa entera debió de alucinar viendo las explicaciones del ministro de Economía tras concederse el rescate a España.

Un rescate por el que, al parecer, tuvo que suplicar nuestro presidente. Rajoy está tranquilo porque sabe que no se va a dejar caer a España, que aun estando mal sigue teniendo mucho peso en la Unión Europea. Pero el factor importante es que son Francia y Alemania las que tienen comprada nuestra deuda. Si nuestro país cae, ellos irán detrás. Por eso también se ha dicho que Hollande intercedió para que el rescate nos fuera concedido.

Habrá que ver si la "inyección económica" sirve realmente para algo. De momento no ha transmitido mucha confianza a los mercados, ya que la prima de riesgo sigue siendo elevada. Algo estamos (están) haciendo mal. Comienza a hablarse de que el problema es de la Unión Europea, de no haber una verdadera unión. Aquí, como en Bankia, el error fue de raíz: no se puede imponer una moneda común en varias decenas de Estados, no investigar lo suficiente la situación financiera de cada territorio para asegurarse de su solvencia y permitir que cada uno de ellos siga con sus propias políticas fiscales, porque no todos los países funcionan igual, y si uno colapsa el resto lo sufre también.

En lo que la UE no nos obligue, aquí seguirá todo igual de mal. Con los gobernantes que padecemos y hemos padecido no saldremos nunca adelante, salvo que cambien de estrategia. Somos como los niños que necesitan a sus padres y profesores para que les digan constantemente cómo comportarse, pero que sabemos que, hagamos lo que hagamos, siempre estarán ahí para sacarnos del apuro.


(Sígueme en Twitter).

El hedor de Bankia

Hasta hace no mucho Caja Madrid parecía una entidad sólida, y su nuevo presidente, Rodrigo Rato, tenía cierto prestigio en el campo económico. Pero de pronto, en septiembre de 2010, a alguien se le ocurre fusionar seis cajas de ahorros con la madrileña para crear, según afirmó Rato, "un campeón nacional" de la banca. Para reestructurarse, la nueva entidad despidió o prejubiló a más del 10% de sus empleados y solicitó además casi 4.500 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Mal empezábamos. Las fusiones siempre dan miedo.

"Éste no será un banco más, que sólo busque el beneficio de unos accionistas, ya que en este caso, sus accionistas somos las cajas y creemos en la importancia de los intereses colectivos para inspirar la actividad financiera", expresó Rato en ese momento. 

Menuda profecía. Menos de dos años después Rato dimite porque Bankia se encuentra al borde de la quiebra, al haber tenido el grupo unas pérdidas de más de 3.300 millones en 2011. Es decir: la fusión había sido un error total (lo ha reconocido ahora el ministro de Economía), y encima la entidad había salido a Bolsa, con lo que ello conlleva. Una auditoría externa revela que el grupo está muy sobrevalorado para lo que en realidad es, y entonces todo vuelve a oler mal: se dice que Bankia necesitaría una inyección de 10.000 millones, justo cuando se anuncia que habría recortes y ajustes en Sanidad y Educación por esa misma cantidad. 

Pero la tostada empezó a oler cada vez peor cuando se anunció que finalmente la cantidad necesaria alcanzaría los 19.000 millones (así el Estado se convierte en accionista mayoritario del grupo), cuando se descubre que uno de los directivos de Bancaja tiene derecho a una pensión de casi 14 millones de euros (aunque ahora él mismo ha aceptado revisar ese acuerdo) y cuando se ve que todo este desastre no parece que vaya a ser investigado por el Parlamento. Las razones las expone muy bien el periodista Carlos Segovia en un artículo en su blog. Se resume más o menos en lo de siempre: nadie quiere investigarlo a fondo porque todos tienen trapos muy sucios que ocultar.

La mujer del César no solo tenía que ser honrada, sino además parecerlo. En España se está tratando de tapar al resto del mundo los escándalos y/o errores como el de Bankia para evitarnos perjuicios, como el rescate económico del que tanto se habla últimamente. Pero, a estas alturas, de puertas para dentro todos vemos de sobra lo que hay: que aquí ni son honrados ni lo parecen.


(Sígueme en Twitter).

Bankia y la cultura de la irresponsabilidad

Hablar de Bankia es hablar de cultura de la irresponsabilidad. Permitir un rescate bancario de tal magnitud en un país cercano a la quiebra, y hacerlo sin depurar responsabilidad alguna, es algo que sólo pasa en España. Porque España es ese extraño lugar en el que banca y política han llegado a confundirse de tal manera que una dimisión forzada por la puerta de atrás es suficiente para tener a los ciudadanos contentos. Nadie explica nada, la ley del silencio se convierte en la política de gobierno única. Se convocan ruedas de prensa en las que no se dice nada nuevo y los únicos que plantan cara a los responsables, proceden de un sindicato vertical y minoritario llamado “Manos limpias”. Por ello, y para evitar el silencio ciudadano, se hace necesario explicar qué es Bankia y cómo hemos llegado hasta aquí en menos de un mes.

El 7 de mayo el gobierno español anunció que llevaría a cabo una inyección de capital de hasta 10.000 millones de euros a devolver con un interés anual del 8% en la entidad Bankia. Lo haría en forma de ayuda del Fondo deReestructuración Ordenada Bancaria creado en 2008 para apoyar a las entidades financieras afectadas por la crisis. La decisión provocaba en apenas unas horas la dimisión de Rodrigo Rato como director de la entidad y su sustitución por un valiente José Ignacio Goirigolzarri. Tan solo dos días después, Rajoy anunciaba la nacionalización por parte del Estado del banco de ahorros. Una nacionalización que supondría al Estado un coste de 19.000 millones de euros. En medio de la confusión, Bankia anunciaba que no tendría que devolver ese dinero.

A partir de entonces y hasta el 28 de mayo, el gobierno permaneció sin hacer ningún tipo de declaración formal sobre el tema. El lunes de esta misma semana, después de la jornada de suspensión temporal de la cotización en Bolsa de Bankia el viernes 25, el presidente decidió dar la cara. Mientras Bankia caía en el IBEX más de 13 puntos y la prima de riesgo española alcanzaba los 511 puntos, Rajoy sorprendía a los periodistas anunciando una rueda de prensa con apenas dos horas de antelación. La rueda de prensa se celebraba en la sede del PP sin lógica alguna y de ella se esperaba una declaración clarividente sobre la nacionalización de Bankia. En vez de eso, el presidente evitaba pronunciarse sobre Bankia argumentando que aún no conocían el estado real de sus cuentas y defendía que se trataba de un proceso de saneamiento para la futura venta de la entidad. Una venta que en palabras de Rajoy, supondría beneficios en un futuro a medio plazo. El gallego afirmaba además que la subida de la prima de riesgo era totalmente independiente de la caída en bolsa de Bankia. La incertidumbre no podía ser mayor.

El miércoles 30 la prima de riesgo española alcanzaba su máximo histórico, los 540 puntos. Según los expertos económicos el fin absoluto aparece con los 600 puntos. Lejos de haber logrado crear confianza, Rajoy había conseguido que las acciones de Bankia pasasen a valer un 60% menos que cuando salieron a bolsa en verano de 2010. Un dato que añadido a la cifra de 3.318 millones de pérdidas de la entidad que se daba a conocer ese mismo día, poco ayudaba a confiar.

A partir de este momento la intriga pasaba a ser absoluta. Europa tachaba la decisión del gobierno español como “la peor que podría haber tomado” y el BCE frustraba las esperanzas españolas negando que se fuesen a realizar inyecciones directas de capital en los bancos estatales. Rajoy culpaba a Grecia y sus elecciones del batacazo. El Ministro de Exteriores J. M. Margallo hacía lo propio con los que pitaron al himno. Bankia llegaba a caer un 15% en bolsa. Y el PSOE pedía una comisión de investigación a Bankia en el Congreso.

Y mientras, los ciudadanos españoles seguían preguntándose dos cosas: ¿dónde estaba Rato? y ¿de dónde iban a salir los miles de millones de euros necesarios? Muchos respondían con caceroladas minoritarias. Unos pocos con una demanda admitida a trámite contra Rato. Y la mayoría, con la sensación de no entender nada salvo ese miedo al recorte que les viene persiguiendo en los últimos meses. Porque en el fondo, ese es el conflicto de la nacionalización de Bankia. Puede que existan motivos para ella, pero mientras no se expliquen y se depuren responsabilidades, todos seguiremos sin entender nada. Y un país donde los propios ciudadanos han dejado de entender la economía que les da de comer cada día es mucho más preocupante que el miedo a una quiebra. De la quiebra se sale con ideas, del vacío y del silencio no.

Si queremos evitar un rescate financiero lo primero pasa por crear responsabilidad de Estado. Luego ya habrá tiempo para generar confianza. Y no hay más ejemplo de responsabilidad que el de un presidente que se sienta ante sus ciudadanos y les explica el cómo y el por qué. Suárez lo hizo en su momento y quizás por ello es recordado por sus seguidores y sus detractores. Una ciudadanía informada es una ciudadanía consciente. Y la consciencia es la única capaz de sacar al país del caos. Un caos que algunos siguen sembrando inteligentemente. Porque sí, lectores. Algún día la crisis pasará y el viejo modelo volverá a asentarse. Eso al menos, es lo que quieren nuestros gobernantes.


 (Sígueme en Twitter).

Entre goles y demagogias

El fútbol siempre ha sido el ring perfecto para la politización. Con él se logra crear odio y unión a partes iguales. A través de él se olvidan las penas y el futuro. Y quizás por ello, es el único deporte comparable a la política actual. Porque al igual que si de un campo de fútbol se tratara, los partidos políticos han logrado esta semana rebajar el deporte hasta el calificativo de vergüenza. Una vergüenza que muchos han escenificado en la respuesta de Esperanza Aguirre a la Plataforma pro selecciones.

La Plataforma pedía a los asistentes al partido de la Copa del Rey entre el Barça y el Athletic que escenificasen su rechazo a dicha competición a través de pitidos y gritos contra el himno, el Príncipe y el Estado centralista español. Aguirre por su parte solicitaba en respuesta a esa iniciativa, que si finalmente salía adelante, el partido se celebrase a puerta cerrada. Resulta curioso que el rechazo ciudadano haya sido mucho mayor contra esta última acusándola de hacer política con el deporte. La pregunta es: ¿acaso la iniciativa de la Plataforma apoyada por diputados de CIU, Amaiur, ERC, BNG y ICV no estaba politizada? ¿Acaso esa misma Plataforma representa a los equipos que jugarán el partido? Y lo más importante, si es así y los equipos afectados se sienten representados por dicha plataforma y por sus tesis, ¿por qué no se oponen a jugar la Copa del Rey?

La metedura de pata de Aguirre lo es por su oportunismo político y por servir de cortina de humo para esconder sus conflictos presupuestarios. Pero la intencionalidad de la Plataforma es mucho más demagógica. No sólo les viene bien que los equipos jueguen. Así consiguen protagonismo. Además, les sirve para una vez más sacar a la luz sus ansias oportunistas. Porque detrás de la Plataforma vasco-gallega-catalana no hay espíritu deportivo, hay lucha política. Algo que sería muy respetable si de una vez por todas se atrevieran a reconocerlo. Fomentar el deporte es saber aceptar la pérdida frente al adversario y las selecciones nunca han sabido aceptar perder su tren frente al de los equipos que compiten en la liga española.

Una selección compite contra otras selecciones y no contra equipos. Los equipos forman las selecciones y por encima de todo ello están los planteamientos personales de cada jugador que decide representar o no a su selección, ya sea nacional o autonómica. Una selección no impulsa campeonatos como el que abanderó la catalana en el año 2000 para crear un “Campeonato europeo para naciones sin Estado”. Si eres una selección con carácter independentista te consideras Estado. Y si eres selección deportiva sin carácter político, te dedicas a realizar campeonatos anuales como cualquier equipo de segunda. No te hacen falta 1,2 millones de euros anuales donados por tu gobierno autonómico.

Porque en el fondo, lo que hay detrás de la Plataforma pro selecciones no es más que el intento de reflotar el viejo ideal de aquel fracasado Galeusca que nadie recuerda a pesar de su importante pasado histórico en España. No se trata de deporte, se trata de política. La diferencia es clara. En el deporte gana la superación. En la política el egoísmo. Si el camino que ha elegido la Plataforma es el segundo, al menos que sea honesta. Aguirre lo ha sido. Puede que muchos no compartamos su opinión al creer que pone en jaque la libertad de expresión, sí. Pero quizás deberíamos primero plantearnos si una Plataforma que dice a los demás lo que tienen que hacer, no es también un acosador contra esa libertad de las personas. En España no contamos con “Amaneceres dorados” como los griegos en la política. Al menos, no en el Congreso. Pero cosas de este tipo me hacen plantearme cada vez más si llegaremos a ello. Por el momento, sólo nos queda decir aquello de... “que gane el mejor”.

 (Sígueme en Twitter).