"Malo será"

Hablar de Galicia es hablar de prejuicios. Mientras media España sigue defendiendo ese viejo discurso de "los gallegos son todos unos peperos", la otra media se atreve a defender que la muerte de Fraga ha supuesto un antes y un después en nuestra política autonómica. Lo cierto es que los gallegos ni son tan tontos, ni tan calvos. 2012 ha supuesto un cambio significativo en la tendencia al voto electoral. Lejos quedan aquellas campañas electorales de partidos unitarios dispuestos a ganar mayorías absolutas con el único argumento de la tradición. Hoy hace falta más, mucho más. Y es que esta comunidad de más de dos millones y medio de ciudadanos, ha aprendido a mirar fuera de sus fronteras para aprender a valorar lo que tiene dentro. Y eso no lo provocan ni unos partidos, ni unas elecciones. Eso sólo lo activa una población con mayor capacidad crítica que se ha visto obligada a emigrar para sobrevivir.

Durante los últimos sesenta años la historia de Galicia se escribe con dos palabras: campo y éxodo. Los pocos que lograban quedarse en su tierra lo hacían preocupándose más por cuidar su economía de subsistencia, que por votar en unas elecciones llenas de "pucherazos". La falta de información y posiblemente la falta de una educación crítica vaciaban de todo valor ético cualquier elección electoral. El señor Fraga Iribarne sabía bien de estas características y las aprovechaba a su antojo. Comilonas preelectorales para la tercera edad, un lenguaje cercano y una imagen carismática (para bien, o para mal). Con eso bastaba.

En la última década esta población "adormecida" de la que hablaba el poeta Castelao ha despertado. Y el cambio no viene dado exclusivamente por la muerte de Fraga. El cambio ha sido posible gracias a la apertura de miras de esta comunidad al exterior. La gente, y sobretodo los jóvenes, seguimos marchándonos. Pero cuando volvemos, lo hacemos con la seguridad de que estamos a tiempo de cambiar las cosas. Nuestros padres han aprendido a valorar y reconocer la mentira. Y en muchos casos, nuestros abuelos han entendido que subsistir no es sinónimo de vivir. Anhelamos más y es ese anhelo el que nos permite ir a votar con conciencia. Una conciencia que lamentablemente sigue sosteniéndose más en las ideologías que en lo hechos.

Y en este caldo de cultivo sociológico, cada partido ha sabido encontrar su propio refrán gallego. El PP se ha estancado en ese cómodo "malo será...". El PSdG no puede dejar de repetirse "Agora xa foi Marica non chores" (algo que podría traducirse al castellano como "A lo hecho, pecho"). Y el resto... el resto se engloba en un complicado "a río revolto, ganancia de pescadores".

Los del "malo será..." saben que cuentan con varios puntos a su favor. Tienen un candidato que transmite una imagen urbanita capaz de atrapar votos jóvenes. Siguen contando con la mayoría del voto envejecido y los datos de falsificaciones en las cuentas públicas recientemente publicados no les afectan. Así es fácil pensar en una nueva mayoría absoluta. Sin embargo, si cualquiera se acerca a un mitin del PP gallego descubrirá que la imagen de Fraga sigue muy presente. Reminiscencias a su política, el mismo tipo de dialéctica y una utilización arcaica del miedo a los nacionalismos para asustar a unos simpatizantes conformistas.

Los de la lástima tardía... digamos que siguen encontrando su candidato. Piensan más en el futuro que en el presente. Cuatro años han tenido para elegir a un candidato que transmitiese imagen de marca y viendo el resultado, mucho no han conseguido. "Pachi" Vázquez, el representante del PSdG debe estar agradecido a Feijóo. Si este último no hubiese convocado elecciones anticipadas, seguramente él no hubiera sido el candidato electo. Un hombre sin carisma, desconocido en las zonas rurales ( y eso en Galicia es más de la mitad de territorio) y que ha articulado toda su campaña en base a libros de texto y hospitales. Sería perfecto si en esas demandas de servicios sociales apareciesen referencias al resto de políticas públicas (ley de dependencia, sin ir más lejos y de la que apenas se ha hablado), pero no. Es más fácil reflejar la preocupación por las políticas públicas y sus recortes en grandes eslóganes publicitarios y luego no desgranar los planteamientos de fondo. Si a esto le añadimos que a Vázquez le falta apoyo de su propio partido a nivel nacional, se entiende que la pérdida de votos de los socialistas en Galicia será cuanto menos histórica. Ya es tarde para plantearse soluciones, ahora vendrán los llantos. Esperemos que en los próximos cuatro años de previsible gobierno popular sepan actuar con valentía.

Y los del caótico océano pluripolítico. Aquí si que encontramos la novedad de estas elecciones. Y ojalá algún gallego tuviese claro quién es cada quién. Por un lado el hegemónico BNG con Jorquera a la cabeza. Un hombre inteligente y preparado, pero desprovisto del "aquí estoy yo" que arrastraba Beiras. Por el otro, ANOVA, la formación de izquierda que aglutina el nuevo partido nacional-comunista de Beiras, a Esquerda Unida y a EQUO. Y por el otro, la tercera escisión del BNG denominada Compromiso por Galicia que tiene una línea más socialdemócrata. Y para rematar el jaleo, los "paracaidistas de la política" en palabras de Feijóo: UpyD y el partido de Mario Conde. Conclusión: un amplio abanico político que provocaría más de una pelea en el parlamento gallego si tuviesen que pactar. Previsiblemente, Beiras logrará su objetivo y obtendrá un resultado envidiable con ANOVA, quitándole así votos a su antiguo partido (BNG). Y eso que el personaje sigue soltando las mismas joyas que cuando estaba en su otro partido. La última proclamando esta misma semana en su twitter que "Feijóo lleva matadas en Galicia a más personas que ETA en España".

Por todo ello, el domingo será un día de análisis complejo. Y no solo político, porque si las cosas no cambian, el PP obtendrá su segunda mayoría absoluta consecutiva desde el fiasco del bipartito. El análisis será también sociológico. ¿Habrán aprendido los gallegos a mirar con perspectiva fuera de las fronteras lucenses y ourensanas? Si es así, muchos votarán con la conciencia de que en estas elecciones no sólo se juega una comunidad, se juega la continuidad de las medidas de Madrid. Y si es así, muchos de sus ciudadanos que han aprendido lo que es estar lejos, sabrán valorar que lo importante no es quien gobierne, sino cómo lo haga. De nada sirve haber madurado si en nuestras cabezas siguen los estereotipos. De nada sirven las mentiras si sólo miramos con ideologías a los partidos. Y de nada sirve avanzar, si nuestro pasado pesa más que nuestro futuro. Somos la comunidad de la "morriña" y del "saír adiante". Quizás ha llegado el momento de merecernos más.



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La manifestación de la inteligencia

Se acerca el otoño. Los intereses políticos empiezan a pesar más que los propios programas electorales. El miedo al cambio asusta. Y en medio de este terreno árido lleno de hojas caducas, la inteligencia se convierte en el único camino hacia la salvación. Cristina Cifuentes lo sabe y por ello esta semana ha demostrado que no le importa tanto generar disputas en torno a su persona, como provocar un debate inteligente que salve al PP de las iras callejeras invernales. Una política que antepone el partido, a su cargo. Aunque ello no excluya asegurarse un puesto en la política nacional a largo plazo.

Y es que la delegada del gobierno en Madrid afirmó el pasado martes en una entrevista concedida a RNE que se mostraba partidaria de modelar la Ley Orgánica de 1983 que establece los condicionantes para regular el derecho de manifestación en espacios públicos. Cifuentes hablaba de reformar dicha ley como único medio para evitar los cortes de tráfico constantes en las mismas zonas urbanas. Añadía además que la reforma produciría efectos positivos en todos los comerciantes afectados durante años por las manifestaciones. Pero incluso ella reconocía que modificar esa Ley Orgánica, podría acabar provocando la reforma del artículo 21 de la Constitución Española. En ese artículo el derecho a la manifestación se entiende como un derecho fundamental al servicio de la libertad de expresión y por tanto como garantía constitucional de la democracia. Su modificación obligaría a un apoyo mayoritario parlamentario y por el momento ni el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, ni el Fiscal General Torres-Dulce están por la labor.

Pero la estrategia de Cifuentes si algo tiene de positivo es que obliga a reflexionar. En una ciudad como Madrid donde se llevan produciendo en lo que va de año más de 2.200 manifestaciones, ¿sigue vigente el sentido histórico del derecho a manifestarse?. La manifestación siempre ha sido utilizada como el mecanismo para dar visibilidad a un problema. Pero si detrás de ese mecanismo no existen unos pilares capaces de sustentar demandas y obligaciones, de poco sirve la visibilidad. Las manifestaciones del 25-S precisamente fueron un ejemplo. "Ocupa el Congreso" (un lema del que se ha hablado mucho en los medios sin mencionar en ninguno que el conflicto era más lingüístico que otra cosa al tratarse de una traducción fiel al eslogan americano "Occupy  Wall Street") tenía visibilidad en Atocha o Sol, pero más allá de la calle se desvanecía al no contar con manifestantes que trabajasen por la causa. Las manifestaciones se han convertido en la forma, pero falta la argumentación.

Intentar garantizar la buena circulación en grandes ciudades con manifestaciones diarias puede sonar a medida casi angelical. Si a ello le unimos que Cifuentes vela por la supervivencia de unos pobres comerciantes resignados a aguantar, la reforma roza la perfección. Pero la realidad es otra. Se nos vende aire y mientras la cortina de humo impide que nadie vea la intención real de la delegada. Un cambio en el derecho a manifestarse en los núcleos urbanos permitiría que todas las manifestaciones que se esperan desde el gobierno como reacción a las nuevas medidas aprobadas por Rajoy a partir de noviembre, pasasen a celebrarse a la afueras. Y en esas zonas la repercusión mediática sería considerablemente menor. Se suprimiría visibilidad. Y como el derecho a manifestarse hoy por hoy en España supone en muchos casos simplemente esa visibilidad, no existiría rechazo alguno más que el silencio.

El derecho a manifestarse podría llegar a modificarse, pero de nada serviría dicha modificación si existiese un trabajo constante dentro y fuera de la calle. El derecho a la libre expresión es vital, pero también el derecho a luchar por algo que inicialmente puede considerarse un simple ideal. Si la protesta entraña unión, trabajo y bases, el derecho a comunicarla aparece casi de forma natural. Otra cosa es que hoy en día prefiramos culpar al mandatario, antes de mirarnos a nosotros mismos. Quizás con un poco más de autocrítica, el derecho a la manifestación pasaría a ser más fuerte y por supuesto, menos moldeable.

El otoño ha llegado y sin embargo, los intereses políticos siguen pesando más que los intereses ciudadanos. ¿Acaso eso es también sólo culpa de los políticos?

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Ver, oír y callar

Cuando en España ya creíamos que nos habían quitado tantas cosas que ya no nos podían quitar más vemos que sí. Es así: todo siempre puede ir a peor. Una ya hasta hace apuestas con los amigos sobre qué será lo próximo que nos prohíban, y lo peor es que ahora parece que tampoco podemos protestar.

La propuesta o sugerencia de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, acerca de modificar la ley de manifestaciones, ha sido como tirar la piedra y esconder la mano. Tras soltar esta perla y ver las reacciones más bien  desfavorables hacia ella de algunos jueces y policías, entre otros, afirma ahora que solo pretendía abrir un debate y que tampoco sabría qué cambios deberían hacerse. Incluso el ministerio del Interior ha tenido que salir a decir que no tocarán esa ley. Otro de tantos ridículos totales de nuestros políticos.

Puntualiza el flamante presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que no se trata de suprimir ese derecho sino de ordenar su ejercicio. Quizá quiere decir con eso que será él quien dicte las consignas que deberán corear los manifestantes y, ya de paso, que los policías volverán a vestir de gris. También dice que "no se puede colapsar una ciudad permanentemente, impidiendo al resto de ciudadanos circular libremente". ¿Entonces qué podemos hacer? ¿No nos permitirán ni abrir la boca mientras los de arriba pisotean nuestros derechos, nuestro futuro y el de nuestros hijos? Todo esto suena a una vuelta a los tiempos dictatoriales. Antes eran unos valientes los que se manifestaban. Ahora también lo son (siempre y cuando sean pacíficos, que hay de todo). Y eso que manifestarse es un derecho constitucional.

Para rematar la función la alcaldesa Botella dice que estas protestas solo hacen que se tenga que gastar más en limpieza y seguridad y que a la vez dan muy mala imagen de Madrid y de España de cara al exterior. A lo primero: vale, pero si hablamos de gastos que diga por qué su partido (a nivel nacional) votó en contra de limitar los sueldos de alcaldes y presidentes de Comunidades Autónomas, propuesta por UPyD y que fue rechazada por todos los partidos. Que diga también por qué sigue en pie el proyecto de los Juegos Olímpicos de 2020, cuando Madrid sigue endeudada hasta las cejas y precisamente eso sí traería ingentes gastos en seguridad y limpieza. 

Y a  lo segundo: ¿preocupada AHORA por la imagen exterior de Madrid y de España porque ha habido unas cuantas manifestaciones? La imagen de nuestro país lleva ya un buen tiempo herida de muerte tanto hacia el exterior como hacia el interior gracias a la sarta de ineptos que se han ido alternando en el poder en la última década, y en lo que estos no hagan de verdad por reflotar la economía, reducir notablemente el paro y no recortar en áreas tan vitales como la educación, la sanidad y la investigación científica España seguirá pareciendo lo que es: una monarquía bananera. 

Ahora que el tema de los independentismos vuelve a estar más de actualidad que nunca, ay si se permitiera a la gente proclamarse oficialmente apátrida: quedarían cuatro gatos como españoles, seguro...


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La mal llamada justicia

Que en este país cada persona y cada institución va por su lado ya lo sabíamos. La legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional ha sido tan solo otra muestra: mientras el Supremo impidió que la formación se inscribiera como partido legal por considerarla amenazadora para la democracia, ahora el Constitucional opina lo contrario.

Era de esperar: los que permitieron a Bildu presentarse a las elecciones generales y vascas son los que ahora han hecho lo mismo con Sortu. No iban a contradecirse, que aquí rectificar no es de sabios, sino que está mal visto. Y es más: la ponente que firma la sentencia es Elisa Pérez Vera, casualmente la misma que elaboró la del Estatut de Cataluña. Una experta en sentencias sobre temas peliagudos, al parecer. Viendo todo esto y lo anterior, el resultado estaba cantado.

Se sabe de sobra que tanto Sortu como Bildu están compuestos por gente relacionada en mayor o menor medida con ETA y su entorno batasuno. La banda terrorista, si bien vive tiempos bajos, sigue existiendo y no parece que vayan a anunciar pronto su desarme y disolución. Pero la justicia se ha confiado y ha dejado entrar en las instituciones y recibir dinero público a estos partidos. ¿Qué tiene que pasar para que se les ilegalice? ¿Que ETA vuelva a atentar?

No se trata de suprimir el Constitucional, como pidió Esperanza Aguirre, porque no nos haya gustado esta sentencia: es la (mal llamada) justicia y hay que acatarla, mal que nos pese. Pero desde luego sí que habría que renovar el Tribunal (como luego afirmó también Aguirre), porque estas decisiones (Bildu, Sortu y hasta el Estatut) no las entiende nadie con un mínimo de sentido común. Algo falla en la justicia cuando se permite que los amigos de los asesinos entren a formar parte de las instituciones.

Para rematar la faena, con los tiempos que vivimos en España a muchos esta noticia les habrá pasado inadvertida. Si hasta hace unos años la mayor preocupación de los españoles era el terrorismo, ahora lo son la economía y el paro. Es totalmente comprensible, pero no olviden que las víctimas de ETA siguen ahí y que su daño es irreparable (pónganse en su lugar), y, preocupados como estamos por la economía y los políticos, tampoco olviden que desde ahora los miembros de Bildu y Sortu chuparán del bote que todos pagamos.


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¿Legalización o instrumentalización?

Dejemos las víctimas de lado y hablemos estrictamente de política vasca. Sólo así podremos separar los sentimientos de la fría razón . Porque si algo viene a demostrar la legalización de Sortu el pasado miércoles 20 de junio a manos del Tribunal Constitucional, es que en España teoría y práctica van por caminos distintos.

El camino teórico de esta legalización política del partido vasco formado por abertzales empezó hace casi año y medio cuando dicha formación decidió presentarse a las elecciones. Aunque ellos defendían que en sus estatutos rechazaban la violencia de ETA, el Tribunal Supremo no tardó en pararles los pies. Lo hizo prohibiendo su inscripción como partido político, acusándoles de estar gestionados, tutelados y alentados por la propia organización terrorista. Ahora, tan sólo un año después y con la variabilidad típica de nuestro modelo judicial, el Tribunal Constitucional acaba de decidir revocar la sentencia del Supremo y dar la razón a Sortu. Lo ha hecho por seis votos a favor frente a cinco en contra y argumentando que no existe ningún tipo de “instrumentalización” de la formación por ETA.

Una vez más vemos como en nuestro país, al igual que en nuestra política, las decisiones a largo plazo importan poco. La improvisación manda y la justicia de estado pierde importancia. ¿Cómo podemos mantener un sistema judicial capaz de variar la importancia de los derechos en apenas un año? Porque precisamente lo que la decisión del Constitucional pone en peligro es la “rigidez” de nuestros derechos fundamentales. El artículo 22 de la Constitución Española define el delito de vulneración del derecho de asociación y creación de partidos políticos. Se encuadra dentro del Título I, Capítulo II, Sección I de la Carta Magna junto al resto de derechos fundamentales. Unos derechos que deben estar protegidos por algo más que una simple rabieta de uno u otro tribunal.

Hasta cinco veces se han enfrentado por conflictos similares de legalización de la izquierda vasca el Supremo y el Constitucional. El primero se posiciona al lado de los derechos más individuales referidos a la seguridad ciudadana. El segundo lo hace al lado de la libertad de expresión. Y en medio, una realidad. A día de hoy Sortu sigue defendiendo que condena la violencia de ETA y no comparte sus planteamientos, pero no ha firmado ningún comunicado en el cual solicite el fin armado de la organización y la entrega de su arsenal unida a una solicitud de perdón. Y todo esto en un escenario donde ETA en 2011 dejaba claro que condicionaba su final a la legalización de Sortu.

Porque al final, lo que supone la sentencia del Constitucional se resume en una frase: instrumentalización de ETA a través de la política. Habremos logrado desorganizar a la asociación terrorista, pero no habremos conseguido impedir que esta acceda a la política. Y en un país donde política y víctimas se confunden intencionadamente tan a menudo, eso sólo puede suponer rencores. Los rencores de quienes ven como sus muertos han perdido la batalla de la libertad y pasan a estar representados ahora en los parlamentos por sus asesinos. Los rencores de unas víctimas que se sienten engañadas y utilizadas. Y sobre todo, los rencores de un Tribunal Supremo cansado de perder. Un Supremo que deja de colaborar con el Constitucional y permite la instrumentalización judicial y política.

Decía el escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, que “el hombre sólo será libre cuando tenga la palabra”. Ahora Sortu tiene la palabra y el voto. Sólo esperemos que ese doble instrumento no sirva para hacer más daño a un país alimentado a base de rencores, dentro y fuera del Parlamento.

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Todo por la patria

Si por algo nos caracterizamos los españoles es por ese espíritu patriótico forjado a base de historia y rencores. Un patriotismo que sacamos dentro y fuera del campo de fútbol y que en estos últimos días ha sabido reflotar nuestro Presidente. Mientras el barco se hundía más rápido que el propio “Titanic”, Rajoy intentaba mantener el tipo disfrazándonos de esa gran nación que ha sabido encontrar la ayuda necesaria en la Unión Europea. Y claro, si algo tiene el patriotismo es que suele crear enemigos.

Porque no. No hemos sido ni somos los capitanes en este naufragio. España no ha sido la encargada de pedir nada. Más bien, ha tenido que conformarse con callar y acatar. Nuestra situación causada por una “década de irresponsablidad”, como lo ha definido la auténtica capitana Angela Merkel, nos obliga a dejar que nos rescaten. Podríamos haber sido agradecidos logrando favorecer la confianza en nuestra deuda. Pero nuestro patriotismo, o al menos el de nuestro patrón, ha servido para evitar hacerlo. Y es que el líder de la tripulación española salió a reconocer la evidencia cuando el barco ya tenía más que la popa y el estribor hundido. Lo hizo tarde y vendiendo el rescate (llámenle “línea de crédito” sí así lo prefieren) como una victoria nacional. Y lo hizo además proclamando que este no influiría de ningún modo en el déficit presupuestario español porque no entrañaba condiciones específicas desde Bruselas. Sólo le quedó decir a nuestro Presidente que los reyes se habían anticipado este año.

Y todo esto después de que el resto del gobierno se encargase 24 horas antes de culpar a la agencia de comunicación “Reuters” de mentirosa y conspiratoria. La propia Soraya Saénz afirmaba que la información que la agencia había dado, adelantando que el rescate llegaría al día siguiente, era totalmente falsa. Y para desviar la atención, Grecia como conejllo de indias. Porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y Grecia con sus elecciones podría parecer mucho más vulnerable que España de cara a la opinión pública. La estrategia casi les sale bien. Pero no, el sábado por la tarde se confirmaba la noticia: España estaba rescatada. Bueno, o no. Porque como nuestro patriotismo nos impedía reconocer tal desastre, siempre era mucho mejor dejar que el Ministro De Guindos nos enseñase su amplio repertorio lingüístico basado en los sinónimos absurdos.

Todo sucedía mientras la ciudadanía española seguía una vez más sin entender nada. Algo que sería un problema si al día siguiente no hubiera habido partido de la Eurocopa. Ya saben que con el fútbol todo se olvida. Hasta Rajoy lo olvidó yéndose a Polonia. Un gran sacrificio que nuestros socios europeos entendieron como un simple desprecio más y que los mercados tradujeron en un aumento de desconfianza en España. El lunes, con el partido ya jugado, nuestra prima seguía subiendo y los analistas hablaban de la necesidad de que la Comisión Europea desvelase cuales serían las condiciones para España. Unas condiciones que siguen sin conocerse, pero entre las que se empieza a hablar de un tipo de interés en el bono español que podría llegar al 7% durante los próximos diez años. Un regalo acompañado de unas condiciones fiscales que podrían hacer tocar de nuevo el IVA.

Porque hablar de un rescate no es sólo hablar en positivo. Permitir el rescate supone hipotecar nuestra deuda pública y obligar a la ciudadanía a un esfuerzo extra, privándola de más servicios sociales. Tal y como hadesmentido la agencia de estadística “Eurostat”, hablar de rescate sí supone tocar el déficit presupuestario que Rajoy promete salvaguardar. Y lo más importante: ¿servirá para algo hacerlo? Si con el rescate se pretende refinanciar a las entidades bancarias hundidas, ¿qué seguridad existe de cara a conseguirlo? El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, explicaba esta misma semana que igual la solución pasa por el cierre de las entidades fracasadas y no por su rescate.

Pero dejar caer a entidades como Bankia, rechazando el rescate financiero y conociendo la imposibilidad de que nuestro país pueda hacerse cargo él en soledad, supondría crear una acción en cadena. Primero el resto de cajas en la misma situación cerrarían. Al mismo tiempo los clientes que han depositado sus ahorros (no los especuladores malvados) en ellas, intentarían sacarlos de repente. Finalmente se produciría una especie de “corralito” y legalmente este tipo de prácticas no están permitidas en la U.E porque limitan la libre circulación de capitales, con lo que desde Bruselas se podría imposibilitar la situación. Por todo ello, parece que el rescate es la única medida que ofrece seguridad a los usuarios y al resto de ciudadanos.

Y mientras las condiciones siguen siendo un secreto, el barco español naufraga más profundo que nunca. La prima de riesgo en casi 550 puntos así lo indica. Pero pueden estar tranquilos, siempre nos quedará el patriotismo de la Eurocopa. Eso, al menos, parece por ahora lo más importante.

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Somos como niños

La viñeta de Forges resume a la perfección el panorama actual. Aquí nos han intentado vender el rescate a la banca como un súper préstamo, lo cual ha llevado a la situación que llevamos viviendo años: dentro vemos cómo nos cuentan milongas ("no hay crisis", "no habrá rescate", "no somos Grecia"...), mientras fuera se sorprenden porque saben que la cosa va mal y creen que no lo hemos entendido. Europa entera debió de alucinar viendo las explicaciones del ministro de Economía tras concederse el rescate a España.

Un rescate por el que, al parecer, tuvo que suplicar nuestro presidente. Rajoy está tranquilo porque sabe que no se va a dejar caer a España, que aun estando mal sigue teniendo mucho peso en la Unión Europea. Pero el factor importante es que son Francia y Alemania las que tienen comprada nuestra deuda. Si nuestro país cae, ellos irán detrás. Por eso también se ha dicho que Hollande intercedió para que el rescate nos fuera concedido.

Habrá que ver si la "inyección económica" sirve realmente para algo. De momento no ha transmitido mucha confianza a los mercados, ya que la prima de riesgo sigue siendo elevada. Algo estamos (están) haciendo mal. Comienza a hablarse de que el problema es de la Unión Europea, de no haber una verdadera unión. Aquí, como en Bankia, el error fue de raíz: no se puede imponer una moneda común en varias decenas de Estados, no investigar lo suficiente la situación financiera de cada territorio para asegurarse de su solvencia y permitir que cada uno de ellos siga con sus propias políticas fiscales, porque no todos los países funcionan igual, y si uno colapsa el resto lo sufre también.

En lo que la UE no nos obligue, aquí seguirá todo igual de mal. Con los gobernantes que padecemos y hemos padecido no saldremos nunca adelante, salvo que cambien de estrategia. Somos como los niños que necesitan a sus padres y profesores para que les digan constantemente cómo comportarse, pero que sabemos que, hagamos lo que hagamos, siempre estarán ahí para sacarnos del apuro.


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