La mal llamada justicia

Que en este país cada persona y cada institución va por su lado ya lo sabíamos. La legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional ha sido tan solo otra muestra: mientras el Supremo impidió que la formación se inscribiera como partido legal por considerarla amenazadora para la democracia, ahora el Constitucional opina lo contrario.

Era de esperar: los que permitieron a Bildu presentarse a las elecciones generales y vascas son los que ahora han hecho lo mismo con Sortu. No iban a contradecirse, que aquí rectificar no es de sabios, sino que está mal visto. Y es más: la ponente que firma la sentencia es Elisa Pérez Vera, casualmente la misma que elaboró la del Estatut de Cataluña. Una experta en sentencias sobre temas peliagudos, al parecer. Viendo todo esto y lo anterior, el resultado estaba cantado.

Se sabe de sobra que tanto Sortu como Bildu están compuestos por gente relacionada en mayor o menor medida con ETA y su entorno batasuno. La banda terrorista, si bien vive tiempos bajos, sigue existiendo y no parece que vayan a anunciar pronto su desarme y disolución. Pero la justicia se ha confiado y ha dejado entrar en las instituciones y recibir dinero público a estos partidos. ¿Qué tiene que pasar para que se les ilegalice? ¿Que ETA vuelva a atentar?

No se trata de suprimir el Constitucional, como pidió Esperanza Aguirre, porque no nos haya gustado esta sentencia: es la (mal llamada) justicia y hay que acatarla, mal que nos pese. Pero desde luego sí que habría que renovar el Tribunal (como luego afirmó también Aguirre), porque estas decisiones (Bildu, Sortu y hasta el Estatut) no las entiende nadie con un mínimo de sentido común. Algo falla en la justicia cuando se permite que los amigos de los asesinos entren a formar parte de las instituciones.

Para rematar la faena, con los tiempos que vivimos en España a muchos esta noticia les habrá pasado inadvertida. Si hasta hace unos años la mayor preocupación de los españoles era el terrorismo, ahora lo son la economía y el paro. Es totalmente comprensible, pero no olviden que las víctimas de ETA siguen ahí y que su daño es irreparable (pónganse en su lugar), y, preocupados como estamos por la economía y los políticos, tampoco olviden que desde ahora los miembros de Bildu y Sortu chuparán del bote que todos pagamos.


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¿Legalización o instrumentalización?

Dejemos las víctimas de lado y hablemos estrictamente de política vasca. Sólo así podremos separar los sentimientos de la fría razón . Porque si algo viene a demostrar la legalización de Sortu el pasado miércoles 20 de junio a manos del Tribunal Constitucional, es que en España teoría y práctica van por caminos distintos.

El camino teórico de esta legalización política del partido vasco formado por abertzales empezó hace casi año y medio cuando dicha formación decidió presentarse a las elecciones. Aunque ellos defendían que en sus estatutos rechazaban la violencia de ETA, el Tribunal Supremo no tardó en pararles los pies. Lo hizo prohibiendo su inscripción como partido político, acusándoles de estar gestionados, tutelados y alentados por la propia organización terrorista. Ahora, tan sólo un año después y con la variabilidad típica de nuestro modelo judicial, el Tribunal Constitucional acaba de decidir revocar la sentencia del Supremo y dar la razón a Sortu. Lo ha hecho por seis votos a favor frente a cinco en contra y argumentando que no existe ningún tipo de “instrumentalización” de la formación por ETA.

Una vez más vemos como en nuestro país, al igual que en nuestra política, las decisiones a largo plazo importan poco. La improvisación manda y la justicia de estado pierde importancia. ¿Cómo podemos mantener un sistema judicial capaz de variar la importancia de los derechos en apenas un año? Porque precisamente lo que la decisión del Constitucional pone en peligro es la “rigidez” de nuestros derechos fundamentales. El artículo 22 de la Constitución Española define el delito de vulneración del derecho de asociación y creación de partidos políticos. Se encuadra dentro del Título I, Capítulo II, Sección I de la Carta Magna junto al resto de derechos fundamentales. Unos derechos que deben estar protegidos por algo más que una simple rabieta de uno u otro tribunal.

Hasta cinco veces se han enfrentado por conflictos similares de legalización de la izquierda vasca el Supremo y el Constitucional. El primero se posiciona al lado de los derechos más individuales referidos a la seguridad ciudadana. El segundo lo hace al lado de la libertad de expresión. Y en medio, una realidad. A día de hoy Sortu sigue defendiendo que condena la violencia de ETA y no comparte sus planteamientos, pero no ha firmado ningún comunicado en el cual solicite el fin armado de la organización y la entrega de su arsenal unida a una solicitud de perdón. Y todo esto en un escenario donde ETA en 2011 dejaba claro que condicionaba su final a la legalización de Sortu.

Porque al final, lo que supone la sentencia del Constitucional se resume en una frase: instrumentalización de ETA a través de la política. Habremos logrado desorganizar a la asociación terrorista, pero no habremos conseguido impedir que esta acceda a la política. Y en un país donde política y víctimas se confunden intencionadamente tan a menudo, eso sólo puede suponer rencores. Los rencores de quienes ven como sus muertos han perdido la batalla de la libertad y pasan a estar representados ahora en los parlamentos por sus asesinos. Los rencores de unas víctimas que se sienten engañadas y utilizadas. Y sobre todo, los rencores de un Tribunal Supremo cansado de perder. Un Supremo que deja de colaborar con el Constitucional y permite la instrumentalización judicial y política.

Decía el escritor gallego Celso Emilio Ferreiro, que “el hombre sólo será libre cuando tenga la palabra”. Ahora Sortu tiene la palabra y el voto. Sólo esperemos que ese doble instrumento no sirva para hacer más daño a un país alimentado a base de rencores, dentro y fuera del Parlamento.

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Todo por la patria

Si por algo nos caracterizamos los españoles es por ese espíritu patriótico forjado a base de historia y rencores. Un patriotismo que sacamos dentro y fuera del campo de fútbol y que en estos últimos días ha sabido reflotar nuestro Presidente. Mientras el barco se hundía más rápido que el propio “Titanic”, Rajoy intentaba mantener el tipo disfrazándonos de esa gran nación que ha sabido encontrar la ayuda necesaria en la Unión Europea. Y claro, si algo tiene el patriotismo es que suele crear enemigos.

Porque no. No hemos sido ni somos los capitanes en este naufragio. España no ha sido la encargada de pedir nada. Más bien, ha tenido que conformarse con callar y acatar. Nuestra situación causada por una “década de irresponsablidad”, como lo ha definido la auténtica capitana Angela Merkel, nos obliga a dejar que nos rescaten. Podríamos haber sido agradecidos logrando favorecer la confianza en nuestra deuda. Pero nuestro patriotismo, o al menos el de nuestro patrón, ha servido para evitar hacerlo. Y es que el líder de la tripulación española salió a reconocer la evidencia cuando el barco ya tenía más que la popa y el estribor hundido. Lo hizo tarde y vendiendo el rescate (llámenle “línea de crédito” sí así lo prefieren) como una victoria nacional. Y lo hizo además proclamando que este no influiría de ningún modo en el déficit presupuestario español porque no entrañaba condiciones específicas desde Bruselas. Sólo le quedó decir a nuestro Presidente que los reyes se habían anticipado este año.

Y todo esto después de que el resto del gobierno se encargase 24 horas antes de culpar a la agencia de comunicación “Reuters” de mentirosa y conspiratoria. La propia Soraya Saénz afirmaba que la información que la agencia había dado, adelantando que el rescate llegaría al día siguiente, era totalmente falsa. Y para desviar la atención, Grecia como conejllo de indias. Porque siempre es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y Grecia con sus elecciones podría parecer mucho más vulnerable que España de cara a la opinión pública. La estrategia casi les sale bien. Pero no, el sábado por la tarde se confirmaba la noticia: España estaba rescatada. Bueno, o no. Porque como nuestro patriotismo nos impedía reconocer tal desastre, siempre era mucho mejor dejar que el Ministro De Guindos nos enseñase su amplio repertorio lingüístico basado en los sinónimos absurdos.

Todo sucedía mientras la ciudadanía española seguía una vez más sin entender nada. Algo que sería un problema si al día siguiente no hubiera habido partido de la Eurocopa. Ya saben que con el fútbol todo se olvida. Hasta Rajoy lo olvidó yéndose a Polonia. Un gran sacrificio que nuestros socios europeos entendieron como un simple desprecio más y que los mercados tradujeron en un aumento de desconfianza en España. El lunes, con el partido ya jugado, nuestra prima seguía subiendo y los analistas hablaban de la necesidad de que la Comisión Europea desvelase cuales serían las condiciones para España. Unas condiciones que siguen sin conocerse, pero entre las que se empieza a hablar de un tipo de interés en el bono español que podría llegar al 7% durante los próximos diez años. Un regalo acompañado de unas condiciones fiscales que podrían hacer tocar de nuevo el IVA.

Porque hablar de un rescate no es sólo hablar en positivo. Permitir el rescate supone hipotecar nuestra deuda pública y obligar a la ciudadanía a un esfuerzo extra, privándola de más servicios sociales. Tal y como hadesmentido la agencia de estadística “Eurostat”, hablar de rescate sí supone tocar el déficit presupuestario que Rajoy promete salvaguardar. Y lo más importante: ¿servirá para algo hacerlo? Si con el rescate se pretende refinanciar a las entidades bancarias hundidas, ¿qué seguridad existe de cara a conseguirlo? El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, explicaba esta misma semana que igual la solución pasa por el cierre de las entidades fracasadas y no por su rescate.

Pero dejar caer a entidades como Bankia, rechazando el rescate financiero y conociendo la imposibilidad de que nuestro país pueda hacerse cargo él en soledad, supondría crear una acción en cadena. Primero el resto de cajas en la misma situación cerrarían. Al mismo tiempo los clientes que han depositado sus ahorros (no los especuladores malvados) en ellas, intentarían sacarlos de repente. Finalmente se produciría una especie de “corralito” y legalmente este tipo de prácticas no están permitidas en la U.E porque limitan la libre circulación de capitales, con lo que desde Bruselas se podría imposibilitar la situación. Por todo ello, parece que el rescate es la única medida que ofrece seguridad a los usuarios y al resto de ciudadanos.

Y mientras las condiciones siguen siendo un secreto, el barco español naufraga más profundo que nunca. La prima de riesgo en casi 550 puntos así lo indica. Pero pueden estar tranquilos, siempre nos quedará el patriotismo de la Eurocopa. Eso, al menos, parece por ahora lo más importante.

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Somos como niños

La viñeta de Forges resume a la perfección el panorama actual. Aquí nos han intentado vender el rescate a la banca como un súper préstamo, lo cual ha llevado a la situación que llevamos viviendo años: dentro vemos cómo nos cuentan milongas ("no hay crisis", "no habrá rescate", "no somos Grecia"...), mientras fuera se sorprenden porque saben que la cosa va mal y creen que no lo hemos entendido. Europa entera debió de alucinar viendo las explicaciones del ministro de Economía tras concederse el rescate a España.

Un rescate por el que, al parecer, tuvo que suplicar nuestro presidente. Rajoy está tranquilo porque sabe que no se va a dejar caer a España, que aun estando mal sigue teniendo mucho peso en la Unión Europea. Pero el factor importante es que son Francia y Alemania las que tienen comprada nuestra deuda. Si nuestro país cae, ellos irán detrás. Por eso también se ha dicho que Hollande intercedió para que el rescate nos fuera concedido.

Habrá que ver si la "inyección económica" sirve realmente para algo. De momento no ha transmitido mucha confianza a los mercados, ya que la prima de riesgo sigue siendo elevada. Algo estamos (están) haciendo mal. Comienza a hablarse de que el problema es de la Unión Europea, de no haber una verdadera unión. Aquí, como en Bankia, el error fue de raíz: no se puede imponer una moneda común en varias decenas de Estados, no investigar lo suficiente la situación financiera de cada territorio para asegurarse de su solvencia y permitir que cada uno de ellos siga con sus propias políticas fiscales, porque no todos los países funcionan igual, y si uno colapsa el resto lo sufre también.

En lo que la UE no nos obligue, aquí seguirá todo igual de mal. Con los gobernantes que padecemos y hemos padecido no saldremos nunca adelante, salvo que cambien de estrategia. Somos como los niños que necesitan a sus padres y profesores para que les digan constantemente cómo comportarse, pero que sabemos que, hagamos lo que hagamos, siempre estarán ahí para sacarnos del apuro.


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