Que en este país cada persona y cada institución va por su lado ya lo sabíamos. La legalización de Sortu por el Tribunal Constitucional ha sido tan solo otra muestra: mientras el Supremo impidió que la formación se inscribiera como partido legal por considerarla amenazadora para la democracia, ahora el Constitucional opina lo contrario.
Era de esperar: los que permitieron a Bildu presentarse a las elecciones generales y vascas son los que ahora han hecho lo mismo con Sortu. No iban a contradecirse, que aquí rectificar no es de sabios, sino que está mal visto. Y es más: la ponente que firma la sentencia es Elisa Pérez Vera, casualmente la misma que elaboró la del Estatut de Cataluña. Una experta en sentencias sobre temas peliagudos, al parecer. Viendo todo esto y lo anterior, el resultado estaba cantado.
Se sabe de sobra que tanto Sortu como Bildu están compuestos por gente relacionada en mayor o menor medida con ETA y su entorno batasuno. La banda terrorista, si bien vive tiempos bajos, sigue existiendo y no parece que vayan a anunciar pronto su desarme y disolución. Pero la justicia se ha confiado y ha dejado entrar en las instituciones y recibir dinero público a estos partidos. ¿Qué tiene que pasar para que se les ilegalice? ¿Que ETA vuelva a atentar?
No se trata de suprimir el Constitucional, como pidió Esperanza Aguirre, porque no nos haya gustado esta sentencia: es la (mal llamada) justicia y hay que acatarla, mal que nos pese. Pero desde luego sí que habría que renovar el Tribunal (como luego afirmó también Aguirre), porque estas decisiones (Bildu, Sortu y hasta el Estatut) no las entiende nadie con un mínimo de sentido común. Algo falla en la justicia cuando se permite que los amigos de los asesinos entren a formar parte de las instituciones.
Para rematar la faena, con los tiempos que vivimos en España a muchos esta noticia les habrá pasado inadvertida. Si hasta hace unos años la mayor preocupación de los españoles era el terrorismo, ahora lo son la economía y el paro. Es totalmente comprensible, pero no olviden que las víctimas de ETA siguen ahí y que su daño es irreparable (pónganse en su lugar), y, preocupados como estamos por la economía y los políticos, tampoco olviden que desde ahora los miembros de Bildu y Sortu chuparán del bote que todos pagamos.
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No se trata de suprimir el Constitucional, como pidió Esperanza Aguirre, porque no nos haya gustado esta sentencia: es la (mal llamada) justicia y hay que acatarla, mal que nos pese. Pero desde luego sí que habría que renovar el Tribunal (como luego afirmó también Aguirre), porque estas decisiones (Bildu, Sortu y hasta el Estatut) no las entiende nadie con un mínimo de sentido común. Algo falla en la justicia cuando se permite que los amigos de los asesinos entren a formar parte de las instituciones.
Para rematar la faena, con los tiempos que vivimos en España a muchos esta noticia les habrá pasado inadvertida. Si hasta hace unos años la mayor preocupación de los españoles era el terrorismo, ahora lo son la economía y el paro. Es totalmente comprensible, pero no olviden que las víctimas de ETA siguen ahí y que su daño es irreparable (pónganse en su lugar), y, preocupados como estamos por la economía y los políticos, tampoco olviden que desde ahora los miembros de Bildu y Sortu chuparán del bote que todos pagamos.
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