Se acerca el otoño. Los intereses políticos empiezan a pesar más que los propios programas electorales. El miedo al cambio asusta. Y en medio de este terreno árido lleno de hojas caducas, la inteligencia se convierte en el único camino hacia la salvación. Cristina Cifuentes lo sabe y por ello esta semana ha demostrado que no le importa tanto generar disputas en torno a su persona, como provocar un debate inteligente que salve al PP de las iras callejeras invernales. Una política que antepone el partido, a su cargo. Aunque ello no excluya asegurarse un puesto en la política nacional a largo plazo.
Y es que la delegada del gobierno en Madrid afirmó el pasado martes en una entrevista concedida a RNE que se mostraba partidaria de modelar la Ley Orgánica de 1983 que establece los condicionantes para regular el derecho de manifestación en espacios públicos. Cifuentes hablaba de reformar dicha ley como único medio para evitar los cortes de tráfico constantes en las mismas zonas urbanas. Añadía además que la reforma produciría efectos positivos en todos los comerciantes afectados durante años por las manifestaciones. Pero incluso ella reconocía que modificar esa Ley Orgánica, podría acabar provocando la reforma del artículo 21 de la Constitución Española. En ese artículo el derecho a la manifestación se entiende como un derecho fundamental al servicio de la libertad de expresión y por tanto como garantía constitucional de la democracia. Su modificación obligaría a un apoyo mayoritario parlamentario y por el momento ni el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, ni el Fiscal General Torres-Dulce están por la labor.
Pero la estrategia de Cifuentes si algo tiene de positivo es que obliga a reflexionar. En una ciudad como Madrid donde se llevan produciendo en lo que va de año más de 2.200 manifestaciones, ¿sigue vigente el sentido histórico del derecho a manifestarse?. La manifestación siempre ha sido utilizada como el mecanismo para dar visibilidad a un problema. Pero si detrás de ese mecanismo no existen unos pilares capaces de sustentar demandas y obligaciones, de poco sirve la visibilidad. Las manifestaciones del 25-S precisamente fueron un ejemplo. "Ocupa el Congreso" (un lema del que se ha hablado mucho en los medios sin mencionar en ninguno que el conflicto era más lingüístico que otra cosa al tratarse de una traducción fiel al eslogan americano "Occupy Wall Street") tenía visibilidad en Atocha o Sol, pero más allá de la calle se desvanecía al no contar con manifestantes que trabajasen por la causa. Las manifestaciones se han convertido en la forma, pero falta la argumentación.
Intentar garantizar la buena circulación en grandes ciudades con manifestaciones diarias puede sonar a medida casi angelical. Si a ello le unimos que Cifuentes vela por la supervivencia de unos pobres comerciantes resignados a aguantar, la reforma roza la perfección. Pero la realidad es otra. Se nos vende aire y mientras la cortina de humo impide que nadie vea la intención real de la delegada. Un cambio en el derecho a manifestarse en los núcleos urbanos permitiría que todas las manifestaciones que se esperan desde el gobierno como reacción a las nuevas medidas aprobadas por Rajoy a partir de noviembre, pasasen a celebrarse a la afueras. Y en esas zonas la repercusión mediática sería considerablemente menor. Se suprimiría visibilidad. Y como el derecho a manifestarse hoy por hoy en España supone en muchos casos simplemente esa visibilidad, no existiría rechazo alguno más que el silencio.
El derecho a manifestarse podría llegar a modificarse, pero de nada serviría dicha modificación si existiese un trabajo constante dentro y fuera de la calle. El derecho a la libre expresión es vital, pero también el derecho a luchar por algo que inicialmente puede considerarse un simple ideal. Si la protesta entraña unión, trabajo y bases, el derecho a comunicarla aparece casi de forma natural. Otra cosa es que hoy en día prefiramos culpar al mandatario, antes de mirarnos a nosotros mismos. Quizás con un poco más de autocrítica, el derecho a la manifestación pasaría a ser más fuerte y por supuesto, menos moldeable.
El otoño ha llegado y sin embargo, los intereses políticos siguen pesando más que los intereses ciudadanos. ¿Acaso eso es también sólo culpa de los políticos?
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