Sin audiencia, ni responsabilidad

En este país falta empatía y sobretodo, falta sentido de la responsabilidad. La RAE define responsabilidad como: "la obligación de responder ante ciertos actos o errores". Bonita definición para contextualizar la situación actual en la que se encuentra el ente público RTVE.

 

 

Esta misma semana se conocían los datos de la tercera oleada del EGM (Estudio General de Medios). Trabajadores y ciudadanos esperaban un batacazo histórico, y así ha sido. RNE pierde más de medio millón de oyentes y regresa al cuarto puesto de generalistas por detrás de la SER, Onda Cero y COPE. Pero lo peor no son los datos, lo peor es la sensación interna que se percibe dentro de la propia emisora. Ni la directiva ejerce responsabilidad, ni nadie espera que vaya a hacerlo.

 

 

Los cambios en la programación de RNE empezaron en septiembre de este mismo año. Ni Juan Ramón Lucas, ni Toni Garrido,ni Javier Gallego tendrían cabida dentro de la emisora pública. Cambios en los contenidos y en las voces, y avance hacia lo antiradiofónico. Y lo peor no es que la línea editorial cambiase, que también, en una emisora que debería ser apolítica. Lo peor es que RNE suena gris desde septiembre en cualquier franja horaria del día. Manolo HH en vez de despertar a nadie, logra volver a acostar a los españoles. Los informativos carecen de viveza en un medio donde el sonido lo es todo. Los ciudadanos han dejado de opinar pluralmente en el que debería ser el mejor vahículo público para hacerlo. Y la programación, se ha convertido en un cajón contenedor de tristeza.

 

 

 

 

No importan las historias y ahora, tampoco las audiencias. La información se hace a golpe de escaleta y la cercanía al público se ha convertido en algo accesorio. Ya no hay crítica, ni contextualización, ni algo tan importante como la reflexión. Y aún tenemos que dar gracias porque no se han cargado la cultura.

 

 

Lo cierto es que los que estamos dentro nos sentimos cuanto menos impotentes. Los trabajadores reconocen abiertamente que RNE está haciendo las cosas mal. Afirman que suena triste y que mientras no se produzcan cambios, el declive no parará. Pero también defienden que en radio los cambios son lentos y no pueden hacerse de forma radical. Bien, yo me pregunto... ¿acaso el de septiembre no fue un cambio radical?

 

 

Y en todo este caldo de cultivo de pérdida de oyentes, tenemos la guinda para el pastel: un posible ERE que dejaríaen la calle a 1800 trabajadores de RTVE. Pero además, existe una reglamentación desconocida que impide que hasta el 1 de enero de 2013 se contrate a ningún nuevo periodista en el ente público. ¡Hay oportunidad entonces para el año que viene!, pensarán muchos. Pues no, no la hay porque el Presidente de la coorporación, Leopoldo González Echenique, reconoce que con la deuda que arrastra RTVE desde que se quedó sin publicidad, no hay dinero para nuevas contrataciones. Lo que no cuenta Echenique es que varias empresas publicitarias han propuesto a TVE financiar su deuda si esta vuelve a programar publicidad en sus emisiones. ¿Y por qué no lo cuenta? Porque varias cadenas de televisión privadas están presieonando al gobierno de Rajoy para que RTVE no acepte ese cambio que claramente las perjudicaría.

 

 

 

 

 

 

Vamos, que aunque jóvenes periodistas como yo creamos en el servicio público y acudamos cada mañana con toda la lusión del mundo a RNE, pensando que podemos cambiarla, nos encontramos con que los intereses pesan más. Intereses económicos y políticos, sí. Y ahora también, intereses que no tienen en cuenta los índices de audiendias, ni el concepto de servicio público de calidad. Intereses faltos de responsabilidad y sobretodo, intereses compartidos exclusivamente por una dirección que ha dejado de representar a todos y cada unos de los periodistas que desean que RNE vuelva a ser lo que era: una emisora plural, cercana y divulgativa.

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La manifestación de la inteligencia

Se acerca el otoño. Los intereses políticos empiezan a pesar más que los propios programas electorales. El miedo al cambio asusta. Y en medio de este terreno árido lleno de hojas caducas, la inteligencia se convierte en el único camino hacia la salvación. Cristina Cifuentes lo sabe y por ello esta semana ha demostrado que no le importa tanto generar disputas en torno a su persona, como provocar un debate inteligente que salve al PP de las iras callejeras invernales. Una política que antepone el partido, a su cargo. Aunque ello no excluya asegurarse un puesto en la política nacional a largo plazo.

Y es que la delegada del gobierno en Madrid afirmó el pasado martes en una entrevista concedida a RNE que se mostraba partidaria de modelar la Ley Orgánica de 1983 que establece los condicionantes para regular el derecho de manifestación en espacios públicos. Cifuentes hablaba de reformar dicha ley como único medio para evitar los cortes de tráfico constantes en las mismas zonas urbanas. Añadía además que la reforma produciría efectos positivos en todos los comerciantes afectados durante años por las manifestaciones. Pero incluso ella reconocía que modificar esa Ley Orgánica, podría acabar provocando la reforma del artículo 21 de la Constitución Española. En ese artículo el derecho a la manifestación se entiende como un derecho fundamental al servicio de la libertad de expresión y por tanto como garantía constitucional de la democracia. Su modificación obligaría a un apoyo mayoritario parlamentario y por el momento ni el Ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón, ni el Fiscal General Torres-Dulce están por la labor.

Pero la estrategia de Cifuentes si algo tiene de positivo es que obliga a reflexionar. En una ciudad como Madrid donde se llevan produciendo en lo que va de año más de 2.200 manifestaciones, ¿sigue vigente el sentido histórico del derecho a manifestarse?. La manifestación siempre ha sido utilizada como el mecanismo para dar visibilidad a un problema. Pero si detrás de ese mecanismo no existen unos pilares capaces de sustentar demandas y obligaciones, de poco sirve la visibilidad. Las manifestaciones del 25-S precisamente fueron un ejemplo. "Ocupa el Congreso" (un lema del que se ha hablado mucho en los medios sin mencionar en ninguno que el conflicto era más lingüístico que otra cosa al tratarse de una traducción fiel al eslogan americano "Occupy  Wall Street") tenía visibilidad en Atocha o Sol, pero más allá de la calle se desvanecía al no contar con manifestantes que trabajasen por la causa. Las manifestaciones se han convertido en la forma, pero falta la argumentación.

Intentar garantizar la buena circulación en grandes ciudades con manifestaciones diarias puede sonar a medida casi angelical. Si a ello le unimos que Cifuentes vela por la supervivencia de unos pobres comerciantes resignados a aguantar, la reforma roza la perfección. Pero la realidad es otra. Se nos vende aire y mientras la cortina de humo impide que nadie vea la intención real de la delegada. Un cambio en el derecho a manifestarse en los núcleos urbanos permitiría que todas las manifestaciones que se esperan desde el gobierno como reacción a las nuevas medidas aprobadas por Rajoy a partir de noviembre, pasasen a celebrarse a la afueras. Y en esas zonas la repercusión mediática sería considerablemente menor. Se suprimiría visibilidad. Y como el derecho a manifestarse hoy por hoy en España supone en muchos casos simplemente esa visibilidad, no existiría rechazo alguno más que el silencio.

El derecho a manifestarse podría llegar a modificarse, pero de nada serviría dicha modificación si existiese un trabajo constante dentro y fuera de la calle. El derecho a la libre expresión es vital, pero también el derecho a luchar por algo que inicialmente puede considerarse un simple ideal. Si la protesta entraña unión, trabajo y bases, el derecho a comunicarla aparece casi de forma natural. Otra cosa es que hoy en día prefiramos culpar al mandatario, antes de mirarnos a nosotros mismos. Quizás con un poco más de autocrítica, el derecho a la manifestación pasaría a ser más fuerte y por supuesto, menos moldeable.

El otoño ha llegado y sin embargo, los intereses políticos siguen pesando más que los intereses ciudadanos. ¿Acaso eso es también sólo culpa de los políticos?

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